"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Inclusión Educativa
El CERMI pide reformas legales para superar el modelo de centros educativos especiales
16/09/2018
El delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU sobre Discapacidad del CERMI, Jesús Martín, considera que deben de llevarse a cabo diversas reformas legales para poner fin al modelo de centros educativos especiales.
También tomaron parte en este encuentro María Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos; José Antonio Luengo, del Equipo de Apoyo contra el Acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid; y Rosana López, ciclista paralímpica del COFIDIS que sufrió acoso escolar.
Durante el coloquio, Martín pidió modificar la Ley General de Discapacidad y las principales leyes educativas (la Loe y la Lomce) para poner fin a un modelo que permite los centros de educación especial y la segregación del alumnado con discapacidad en un sistema paralelo”. “Imagínense lo que diríamos si sucediese lo mismo con niños de otras razas o entre niños y niñas”, razonó.
En su intervención, este representante del CERMI recordó la condena a España por parte de Naciones Unidas por el incumplimiento de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo tocante a la educación inclusiva.
Recursos para otros fines
A juicio de Martin, las administraciones deberían “dejar de construir nuevos centros de educación especial y destinar estos recursos y todos los necesarios a garantizar que todos los estudiantes con discapacidad reciben los apoyos que precisan para desarrollar al máximo su potencial en el sistema ordinario”.
“Por supuesto, se debe pensar a corto, a medio y a largo plazo”, concedió, y “no podemos cerrar de golpe todos los centros especiales”.
“Es más, sus recursos y su personal, que tienen una muy amplia experiencia, han de ser aprovechados y por ejemplo, convertir estos lugares en centros de recursos de referencia”, propuso.
Por su parte, Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, defendió una educación inclusiva y un sistema educativo único, y pidió a las administraciones camios normativos “desde ya”.
Durante la reunión, donde se abordó la necesidad de estudiar el impacto del acoso escolar en el alumnado con discapacidad, Lobato señaló la importancia de que “todos los niños “convivan con compañeros con discapacidades graves”.
“¿Cómo vamos a pedirles que de mayores respeten a los discapacitados si nunca les han tratado?”, se preguntó.
Forzados a elegir
Asimismo, Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España, destacó que muchas familias se ven en la disyuntiva de elegir entre centros especiales y un centro ordinario donde sus hijos no tienen garantizados los apoyos y donde son aparcados para que no den guerra”.
Por eso, “antes de reformas legales y de promesas en el aire, pedimos soluciones concretas para asegurar los apoyos y la integración en el días a día”.
“Este es el problema, que (las familias) no deberían verse obligadas a elegir”, recalcó Martín, para quien “de todas formas, el derecho del niño es el que siempre ha de primar, por encima incluso de la libertad de elección de los padres”.
La misma idea defendió María Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos, quien pidió “escuchar a los niños” y dialogar con la comunidad educativa.
Por último, los representantes del Ministerio y de la Consejería de Educación resaltaron la voluntad de sus administraciones de promover la inclusión educativa de todo el alumnado con discapacidad y de combatir el acoso.
